- El próximo lunes 2 de agosto a las 11:30 hrs. se realizará la Audiencia de Juicio Oral de Freddy Hermosilla, imputado por cultivar cannabis para el tratamiento médico de su esposa. En la instancia judicial, la defensa a cargo de la Defensoría Penal Pública buscará acreditar su total inocencia, poner fin a la arbitraria persecución en su contra y obtener su libertad definitiva.
- En noviembre del año 2020, Freddy fue sobreseído temporalmente por la Justicia tras pasar más de tres meses en prisión preventiva en la Cárcel de Valparaíso, debido a que la investigación no arrojó resultados y el tiempo dispuesto para ella había concluido. Sin embargo, la Fiscalía decidió solicitar la reapertura de la investigación y una nueva solicitud de prisión preventiva, la cual fue denegada por el Juzgado de Garantía, que atendió a la solicitud de la Defensa de mantener la cautelar de arresto domiciliario.
Sábado 31 de julio 2021.- Más de tres meses en prisión preventiva en la Cárcel de Valparaíso y cuatro de arresto domiciliario total en su casa de El Quisco, más otros ocho meses con arresto domiciliario nocturno y una larga espera por el inicio del juicio oral en su contra, lleva Freddy Hermosilla, un hombre trabajador, vendedor ambulante del Litoral Central, quien aún permanece con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
Este es uno de los muchos y reiterados casos de persecución de las Policías y el Ministerio Público contra las y los usuarios de cannabis en Chile, persecución intensificada durante el actual gobierno, generando una crisis de vulneración de DDHH en la comunidad cannábica chilena.
El daño provocado por esta absurda persecución y criminalización se ha extendido a todos los ámbitos de la vida de esta familia, de alta vulnerabilidad social. La pesadilla de Freddy y su esposa Jennifer Carreño, usuaria medicinal de Cannabis, comenzó con una denuncia anónima, la que provocó el allanamiento del domicilio familiar en abril del 2020 y la incautación de tres plantas, destinadas a tratamiento médico de la dueña de casa. Jennifer sufre de dolor permanente a causa de una tumoración mamaria. Freddy fue detenido, encarcelado, y sometido a un procedimiento en el cual inclusive la defensa ha tenido que solicitar cautela de garantías de sus derechos.
La prensa local difundió ampliamente el allanamiento como un golpe al narcotráfico. Esto, además de lesionar de forma grave el derecho a la dignidad y la honra de esta familia, provocó que un grupo de delincuentes creyera en estas noticias que los sindicaban como traficantes. Llegaron hasta la casa de la familia en El Quisco con extrema violencia para asaltarlos. Pedían dinero, joyas y drogas. Jennifer estaba sola y fue encañonada con una escopeta en la espalda, mientras Freddy estaba en prisión preventiva.
“Aquí hay una doble vulneración, por un lado el allanamiento y por otro, son víctimas de delincuentes por la situación a la que quedan expuestos”, dice la Directora Ejecutiva, Ana María Gazmuri, quien junto al equipo de Fundación Daya ha estado acompañando a la familia en cada paso del proceso judicial.
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL
La próxima semana se escribe un nuevo capítulo de esta historia, a las 11:30 horas del lunes 2 de agosto, en la Sala 1 del Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio, está fijada la Audiencia de Juicio Oral, donde la defensora penal pública Karen Neira, buscará probar la inocencia de Freddy, quien estuvo privado de libertad desde el 4 de abril hasta el 17 de julio del 2020 y luego continuó sin poder salir de su casa, sin trabajar, debido a la medida cautelar de arresto domiciliario total, que luego cambió a arresto domiciliario nocturno, situación que se extiende hasta la actualidad.
“Me siento afortunado de tener el respaldo que hemos tenido, estoy agradecido de todos quienes nos han ayudado, especialmente de la Fundación Daya. Esperamos que todo se resuelva de la mejor manera. Estoy súper nervioso, Jennifer también porque no sabemos realmente lo que va a pasar, arriesgo una condena de cárcel por esto, nuevamente porque ya estuve varios meses privado de libertad… pero con fe, sabemos que lo que estábamos haciendo no era para tráfico, era medicinal, no siento ni la culpa ni nada porque es un medicamento necesario para mi señora”, dice Freddy por videollamada desde El Quisco, mientras arman sillones infantiles junto a su esposa. Con este nuevo emprendimiento buscan superar la grave situación económica que atraviesa la familia, cuyos ingresos como vendedores ambulantes se vieron afectados tanto por la situación judicial de Freddy como por la pandemia.
Jennifer, por su parte, también está esperanzada pero tiene el mismo gran temor. “Lo que más me asusta es viajar juntos al juicio a San Antonio y volver sola, si lo dejan detenido. Vamos con las ansias de que todo saldrá bien y que la verdad va a triunfar”, dice esperanzada.
El médico tratante de Jennifer, el Dr. Lukas Ursic, testificará en el juicio sobre su condición de salud y la pertinencia del uso medicinal en patologías como la suya. También testificará la Directora de Investigación de Fundación Daya, bioquímica y PhD en Biotecnología, Nicole Halçartégaray. La Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, participará también como testigo de forma presencial este lunes.
La familia está siendo apoyada de forma integral por Fundación Daya y su Clínica Psico-Socio-Jurídica. Esto ha permitido gestionar las diversas necesidades de atención y tratamiento médico de Jennifer, así como la necesaria contención emocional para ella y su familia tras vivir esta traumática e injusta situación, en el contexto de la crisis sanitaria provocada. Además, y como eje central, desde la Clínica Psico-Socio-Jurídica de Daya se apoya y complementa el trabajo de la Defensoría Penal Pública, en el marco de colaboración establecido entre ambas instituciones.
MARCO LEGAL EN CHILE
Es importante recordar que el cultivo para uso personal no está penalizado por la ley 20.000, cuando está destinado al uso personal exclusivo y próximo en el tiempo, o para un tratamiento médico. Así lo reafirma una amplia jurisprudencia en la materia. A pesar de ello, la Fiscalía persiste en la persecución y judicialización de las y los usuarios, generando una grave vulneración de derechos con sus consecuencias en la vida y salud de las familias afectadas y, por otro lado, un inmenso derroche de recursos públicos.