- Por tercera vez en su historia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se hace parte en la defensa de usuarios medicinales de Cannabis, esta vez por el caso de extrema vulneración de derechos de una paciente de la Región de Magallanes y su familia. Vivian Strauss, de 61 años, ha sufrido tres violentos allanamientos en el último año. La abogada del INDH, Marlys Saldivia, presentó una denuncia en Fiscalía contra funcionarios de Carabineros de Puerto Natales y quienes resulten responsables.
Jueves 27 de mayo de 2021.- Por tercera vez en Chile las vulneraciones que sufren los usuarios medicinales de cannabis en manos de funcionarios del Estado llegan hasta el Instituto Nacional de Derechos, INDH. La institución pública presentó una denuncia por el caso de extrema vulneración de derechos de una mujer de 61 años de Puerto Natales, su hijo y hermano, por parte de funcionarios de Carabineros durante una seguidilla de violentos allanamientos y detenciones por cultivar cannabis.
La pesadilla de esta familia comenzó tras un incendio en su casa en abril del 2020, donde Bomberos avistó un kit de cultivo en interior y avisó a Carabineros. Los detuvieron a los tres sin considerar el shock que estaban viviendo al ver quemarse su vivienda. Desde ese momento han sufrido hostigamientos, y dos nuevos allanamientos y detenciones en manos de las Fuerzas de Orden y Seguridad. La abogada del INDH, Marlys Saldivia, presentó el 28 de abril recién pasado una denuncia en Fiscalía contra Funcionarios de Carabineros de Puerto Natales y quienes resulten responsables.
“Como familia, no queremos más invasiones policiales a nuestros hogares. No queremos más detenciones ilegales. No queremos más violencia policial, ni de la fiscalía. Creemos que la fiscal Lorena Carrasco ha tornado esta causa en una persecución que ha dado lugar al hostigamiento policial, vulnerando nuestros Derechos Humanos y todo esto ha implicado un detrimento en nuestra salud física y mental. Sumado a esto, nuestras figuras públicas han sido expuestas, como si fuéramos sociópatas o narcotraficantes. Esto, además en un pueblo pequeño, como es Puerto Natales, donde cualquier noticia se propaga rápidamente y da lugar a especulaciones mal intencionadas, todo lo cual afecta nuestra imagen como empresa dedicada al comercio”, se lee en la denuncia del INDH presentada en favor de Vivian Strauss Muñoz, Hugo Jeria Strauss y Mario Jeria Strauss.
Los tres miembros de la familia son usuarios medicinales de Cannabis y cuentan con sus respectivas recetas médicas. Vivian es una conocida comerciante de la zona, durante más de 30 años ha abastecido con su distribuidora a los almacenes de Punta Arenas, Natales y Porvenir. Ninguno tiene antecedentes penales. Vivian padece de múltiples dolencias físicas y psicológicas crónicas. Entre ellas: Síndrome de Sjögren, Colangitis Aguda, Hipomagnesemia, Osteoporosis, Mialgia Lumbar izquierda, Hernia Abdominal, además de ser vomitadora crónica. Con el uso de aceite de cannabis mejoraba su ánimo, apetito, afectividad y conciliación del sueño, además significaban una gran disminución de los padecimientos físicos.
“Además Vivian está en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Ha padecido muchísimo con la violencia policial y judicial a la que ha estado sometida. Ha bajado más de 6 kilos en el transcurso de aproximadamente un mes y medio”, dice el documento oficial.
Vivian relató su experiencia en uno de los recientes foros organizados por Fundación Daya para visibilizar el incremento de la persecución que ya suma más de 100 pacientes criminalizados con casos judiciales abiertos. Algunos, incluso, con medidas cautelares tan injustas y gravosas como la prisión preventiva.
“Era de madrugada, nos detuvieron a todos, estábamos mojados, apenas pudimos ponernos zapatos y no nos dejaron buscar mascarillas para ponernos, tampoco nos pasaron después. Tuvimos que dormir en el piso del calabozo, estaba orinado, tuve un rush alérgico, la ultima vez estuve 6 días hospitalizada por eso porque no puedo respirar. Me llevaron al hospital pero el médico no me dio nada porque pensó que era una traficante. Me devolvieron al carro policial y me pusieron atrás. Yo les dije que soy claustrofóbica, que por favor me llevara adelante pero me empujó y me metió. Me senté en el piso, esposada, cerré los ojos y traté de pensar que no estaba ahí, encerrada, me angustié mucho», cuenta la paciente.
Del recinto asistencial la llevaron a su casa para buscar sus medicamentos. Estaba todo revuelto, en el piso tras el allanamiento, a causa del incendio no había luz, así que a oscuras y esposada trataba de encontrar sus remedios. “El carabinero me empujaba y en un empujón me caí contra la pared, ‘deje de empujarme, tengo osteoporosis, si me bota me voy a quebrar entera’, le decía. Él me respondió ‘tienes que pagar por lo que hiciste, desgraciada’. Mis remedios estaban tirados, yo tenía las muñecas heridas, apenas podía recogerlos”.
Las dos querellas anteriores presentadas por el INDH corresponden a dos pacientes de Fundación Daya Chillán, Rosa Salazar y Camila Barra. El organismo ya tiene los antecedentes de otros casos de serias vulneraciones de derechos a usuarios medicinales de cannabis, como Sebastián Henríquez, joven psicólogo y educador quien estuvo en prisión preventiva en Talca, entre otros.