- Por primera vez en su historia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito consumado de vejación injusta o abusos contra particulares, por el caso de extrema vulneración de derechos de una usuaria medicinal de cannabis. Los hechos que dan pie a esta querella le ocurrieron a Rosa Salazar, en la ciudad de Chillán, una paciente con uso prescrito de cannabis, cuando fue allanada por la PDI y en presencia de su hija discapacitada, también usuaria medicinal de cannabis. El INDH de la ciudad, dirigido por Daniel Concha, recogió la denuncia de la paciente de Fundación Daya Chillán afectada.
Viernes 9 de abril de 2021.- Por primera vez en Chile las vulneraciones que sufren, por parte de funcionarios del Estado, los usuarios medicinales de cannabis, llegan hasta el Instituto Nacional de Derechos, INDH. La institución pública presentó una querella criminal por el delito consumado de vejación injusta o abusos contra particulares, por el caso de extrema vulneración de derechos de una mujer de 55 años de Chillán y su hija discapacitada, por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones durante un violento allanamiento y detención por cultivar cannabis.
“En mi calidad de mandatario judicial del Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, vengo en deducir querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito consumado de vejación injusta o abusos contra particulares, previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal, cometido en perjuicio de ROSA DEL PILAR SALAZAR ÁVILA, de 55 años de edad, y de CAMILA BELÉN DEL POZO SALAZAR, de 32 años de edad”, dice el documento oficial.
“Los policías comenzaron a denigrarla mediante comentarios agresivos y descalificatorios, como “…tu enfermedad (fibromialgia) no existe, es un invento de la Fundación Daya…”; y “…ya, dónde tienes la droga, entrega los paquetitos…”, haciéndola figurar como traficante de drogas delante de su hija, la también víctima, poniendo así en duda las patologías de ambas y consecuentes tratamientos terapéuticos, no obstante que en el despliegue del procedimiento no se encontró ninguna evidencia adicional que hiciera suponer algún posible tráfico ilícito drogas en el domicilio”, relata la querella del INDH presentada en el Juzgado de Garantía de Chillán.
Además, la llevaron detenida a pesar de que su hija depende absolutamente de ella y viven solas. Camila no habla, necesita que la muden y alimenten, y camina sólo con ayuda. Tuvo que pedirle a un vecino de la tercera edad que la cuidara. Ni siquiera le dieron privacidad para cambiarle los pañales antes de llevarla al recinto policial, teniendo que hacerlo en presencia de los funcionarios policiales.
“No obstante la exhibición de las recetas médicas que efectuó y la inexistencia de evidencias de tráfico prohibido de estupefacientes en el lugar, los policías decidieron igualmente proceder a detenerla, a quienes, según enfatiza, les habría pedido que no lo hicieran o que, al menos, retrasaran su traslado al cuartel para permitirle contactar a una persona de confianza y capacitada para quedarse al cuidado de su hija, Camila del Pozo, pues ésta necesitaba atenciones permanentes de otro, para, por ejemplo, alimentarla y cambiarle los pañales que usaba, cuestión a la que no accedieron llevándosela del sitio, quedando finalmente su hija, por largas horas, al cuidado de un vecino que circunstancialmente observaba desde la calle lo que acontecía, quien no poseía los conocimientos ni las destrezas necesarias para hacerlo, y por ser, además, de la cuarta edad”, dice el documento.
La paciente pasó 5 horas detenida y esposada en el calabozo, perdió sus plantas y su kit de cultivo. Fue liberada gracias a gestiones de Fundación Daya, no pasó a control de detención y su caso nunca se judicializó. El delito de vejación injusta del artículo 255 del Código Penal, es una figura residual de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que resulta aplicable exclusivamente a funcionarios públicos, en este caso funcionarios de la PDI de Chillán, quienes ni siquiera tenían una orden judicial para realizar el procedimiento.
Rosa es conocida en la zona porque desde hace años vende frutos secos en un carrito afuera de un supermercado del centro de la ciudad, siempre acompañada de su hija Camila del Pozo, con discapacidad total debido a una asfixia en el parto. La joven que tiene 33 años, también es paciente de Fundación Daya Chillán, usa aceite de cannabis para la epilepsia que sufre.
La mañana del miércoles 17 de febrero, un grupo de tres detectives golpeó la puerta de esta madre y su hija, la amedrentaron para que los dejara entrar a la casa sin una orden judicial. Le quitaron su indoor que había comprado con esfuerzo y tres plantas.
“Yo sé que no tengo que dejar entrar a los policías sin una orden porque no corresponde pero me amenazaron, cuando les pedí la orden me dijeron ‘¡Ah, eres chorita! ¿Quieres que volvamos con los perros?’. Estuvieron una hora dando vuelta la casa, revisaron todos los cajones, todas las habitaciones, decían ‘¡¿Dónde están los paquetitos?!’ Yo les decía que no había nada, les mostraba las recetas médicas mías y de mi hija, todos los antecedentes médicos, ellos veían a mi hija inmóvil y aterrada en su cama… arrancaron mis plantas de los maceteros, se llevaron mi indoor y me llevaron detenida. Me sacaron esposada con todos mis vecinos mirando”, cuenta esta madre soltera.
Hasta el momento, no existe formalización alguna de parte del Ministerio Público hacia Rosa, desconociéndose entonces el destino de las plantas incautadas.
“Para Fundación Daya es un paso fundamental comenzar a contar con la presencia del INDH, ya que estamos ante una vulneración a los Derechos Humanos, de un Estado que en vez de acoger, cuidar y acompañar, decide perseguir, y persigue a los más débiles, a los enfermos. Son las policías las que insisten en esta mirada y no cumplen con los debidos protocolos en relación al trato digno que todo detenido merecen, pero estas actuaciones vienen avaladas y oficiadas por el Ministerio Público, que se ha empeñado en esta absurda criminalización. El problema hoy día es que tenemos un Poder Ejecutivo, un Ministerio del Interior, un Senda, que niega rotundamente esta realidad, negando incluso la propia legislación vigente”, dice Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya, quien adelantó que, en el mediano plazo se vuelve imperativo trabajar en un proyecto de ley de Reparación a las Víctimas de la Ley 20.000, que limpie retroactivamente los antecedentes de los usuarios personales condenados en virtud de una errada aplicación de la misma y repare a quienes han resultado afectados en sus derechos esenciales.
“Existen muchos, demasiados casos como este, esperamos que esta sea la primera de muchas querellas por vejación injusta, abusos y extrema vulneración de las y los usuarios de cannabis medicinal, una comunidad que sufre una aguda crisis de criminalización, con los consecuentes daños a su salud física, mental y emocional”, señaló la directora de la fundación.