- Nicolás Bustamante, docente y candidato a Concejal de su comuna, permanece detenido acusado de tráfico de drogas por tres plantas de cannabis que cultivó en el patio de su casa para tratar una depresión que lo aqueja, según indicación de su neuropsiquiatra.
- La familia y Fundación Daya, Centro Médico de donde es paciente, acusa malos tratos y tortura durante su encarcelamiento. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, ya tiene los antecedentes del caso, y la Defensoría Penal Pública, DPP, prepara una audiencia de revisión de medidas cautelares para su pronta liberación.
Jueves 15 de abril 2021.- Greissy Morán, esposa de Nicolás Bustamante, profesor y padre de dos hijos pequeños, que lleva 19 días en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua acusado de tráfico por cultivar cannabis medicinal, relató anoche en el conversatorio “Persecución de Pacientes que cultivan cannabis en Chile, una dramática realidad” de Fundación Daya, lo que han sufrido como familia por esta grave vulneración a sus derechos.
“Yo logré comunicarme oficialmente con él dos semanas después de ser detenido. Me informa que estuvo cuatro días sin acceso a agua potable, al lado de sus deposiciones… ya al tercer día no quería comer, una persona de una celda contigua le convidaba agua de una botella, él ya no quería tomar nada porque era tanto el abuso que estaba sufriendo en ese momento, que ya no quería seguir…”, relató Greissy, entre lágrimas. “Conseguimos enviarle sus medicamentos, no se los dieron, se los dieron un solo día”, agregó.
El alivio que Nicolás encontró en el tratamiento con Cannabis Medicinal, debidamente indicado por su neuropsiquiatra tratante, fue violentamente interrumpido cuando llegó un grupo de seis Carabineros a su casa. Ingresaron sin orden judicial e incautaron las tres plantas recién cosechadas destinadas al tratamiento médico de Nicolás, y un kit de cultivo en desuso. Fue detenido y pasado a control de detención la mañana siguiente. La familia perdió contacto con él por varios días. Aún no vuelve a casa.
“Los antecedentes de este caso ya están en manos del INDH, está la DPP en pleno trabajando para una audiencia de revisión de medidas cautelares, pero más allá de eso, acá hay torturas durante el encarcelamiento”, dijo Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya.
Este caso es muy similar al de Sebastián Henríquez, joven psicólogo y educador, paciente de Talca quien estuvo 17 días en prisión preventiva por tener tres plantas en su casa destinadas a tratamiento médico de un glaucoma. Sólo fue liberado por un fallo de la Corte Suprema que revocó la medida cautelar y la cambió por arresto domiciliario nocturno.El INDH también está trabajando en este caso. (Ver nota de la Defensoría Penal Pública del caso).
“A Nicolás le incautaron tres plantas y le están imputando 4 kilos. Todos los que hemos cultivado cannabis sabemos que eso es totalmente imposible, es imposible que de tres plantas haya salido esa producción. Hemos hecho analizar las fotografías por tres peritos distintos y coinciden en esta afirmación, siendo el máximo posible estimado de 650 gramos, por debajo de la cantidad de la provisión anual necesaria para su tratamiento anual”, agregó la fundadora de Daya.
El abogado Mauricio Daza, experto en Derecho Penal, reconocido por su labor como querellante de los casos Penta, Corpesca, Cascadas y SQM, entre otros, fue el invitado especial del foro. Aclaró que “El cultivo medicinal está absoluta y expresamente permitido, tengo la convicción que esta situación se revertirá (la prisión preventiva del profesor)”, sentenció.
“El camino de la legalización es inevitable, vamos para allá, el punto es que en el intertanto, al menos exigimos que se respete la ley vigente. Estamos hablando de personas que están utilizando cannabis para fines terapéuticos, acá no puede ser que un policía pueda decidir por sí o ante sí de que esa norma le guste o no le guste. O un fiscal que está viendo tráfico todo el día, bueno, en cualquier conducta verá tráfico. Ese es el problema”, dijo el abogado, candidato a Convención Constituyente por el Distrito 28.
“Para que esto cambie es necesaria una instrucción a las fiscalías y a las policías, y eso sólo puede darse por el Estado. Pero hoy tenemos a un director del Senda está ocupando una silla política, que no tiene idea de esta materia. Esto también tiene que cambiar en la Nueva Constitución”, enfatizó Daza.
EMOTIVOS TESTIMONIOS
Cada caso presentado en el foro de pacientes criminalizados de Fundación Daya tiene sus particularidades. Por ejemplo, a Tomás Morales, joven talquino de 30 años de edad, que se fracturó la cadera jugando a la pelota, le intentaron robar su cosecha, lo que se conoce popularmente como “una mexicana”. Él, asustado, decidió llamar a Carabineros para que lo ayudaran, sin embargo, los policías lo detuvieron, incautaron su medicina y fue procesado por tráfico.
“Tengo cuatro pernos de titanio y dos cadenas en mi cadera, me estaban tratando con tramadol, pero eso me tenía con poco ánimo y estaba adormilado todo el día, gracias a la marihuana pude ver las cosas de otra forma, disminuyeron los dolores, pude dormir y comer mejor. Tenía una sola planta en el patio, y el tiempo que estuve en cama me venían a ver amigos, un día un amigo llevó a unos conocidos que vieron la planta. Han pasado unos años de eso, y ese tipo volvió a la casa. Le preguntó a mi mamá por “Matías”, yo me llamo Tomás, pero ella se acordaba que lo había visto antes así le dio mi número. Me llamaron y amenazaron con dispararle a mi madre si no les pasaba la planta”, cuenta el joven que trabaja como administrador gastronómico.
“Yo pensé que los Carabineros me iban a ayudar pero fue todo lo contrario. Yo los llamé para que nos protegieran pero me allanaron e incautaron todo. Se llevaron también dinero del 10% de mi madre que teníamos en efectivo. Me llevaron y pasé la noche detenido… y los que nos amenazaron y trataron de robar, nada, incluso nos siguieron molestando”, agregó.
Otra situación recurrente que viven los usuarios medicinales es lo que le sucedió a Clara Jiménez, de 56 años de edad, de La Cisterna. Diagnosticada con artrosis de manos, pies y rodillas, más lumbago crónico, y según indicación médica, cultivaba tres plantas en su patio. “El 31 de marzo llegó Carabineros a mi casa, estaba sola, dijeron que venían por una denuncia de vecinos, les pedí la orden pero no tenían, dijeron que tenían una orden verbal y comenzaron a forzar mi puerta. Se llevaron mis plantas, me llevaron a la Comisaría, y quisieron obligarme a firmar un papel en varias ocasiones (la autorización voluntaria de entrada y registro), llamaban a mis familiares para que me convencieran y me pasaban el celular, pero yo me negué, sabía que no tenía que firmar nada porque eso me dijo Ana María, que me contactó durante el allanamiento. Veinte minutos después, me dijeron que me fuera a la casa”, dice Clara.
Esto es muy importante, dice la fundadora de Daya, “Nunca hay que firmar la autorización de ingreso y registro, pues este proceder de las policías es totalmente ilegal, ellos actuaron sin ninguna atribución, por eso querían que Clara firmara para así validar un procedimiento inválido pues no tenían autorización para hacerlo. Hoy no hay causa, no hay proceso judicial y si lo pensamos bien, esto es un robo, ¿dónde están las plantas?”, dice.
Participó también Carlos Ramírez padre de familia de la comuna de La Florida, que cultivaba en su patio 14 plantas de cannabis para el tratamiento de su hijo Brandon, diagnosticado con TEA y para la abuela de su señora, adulta mayor de 91 años postrada. El Ministerio Público, incomprensiblemente, pedía inicialmente 10 años de presidio. Fue absuelto por unanimidad de todos los cargos luego que se acreditara el uso terapeútico de las plantas. (Ver nota del caso)
La presidenta y fundadora de Mamá Cultiva y candidata a la alcaldía de Quilicura, Paulina Bobadilla, quien moderó el foro, cerró con una reflexión. “Es muy reconfortante sentir que no estamos solas ni solas, nosotros no somos culpables, somos víctimas de un sistema indolente, solo buscamos aliviar el dolor nuestro y de nuestras familias, que no han tenido respuestas a tratamientos tradicionales. Aquí hay parlamentarios que no han cumplido su rol, vienen las elecciones y es importante votar por quienes sí apoyan a los usuarios medicinales de cannabis”.
LEY RODRIGO BARRAZA
La necesidad de detener estas vulneraciones y el dramático incremento de la persecución del Ministerio Público y las policías hacia pacientes usuarios de cannabis medicinal, es urgente. Los cultivos personales de cannabis destinados a uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, incluido el medicinal, no están penalizados en la Ley 20.000. La gran mayoría de los usuarios criminalizados son sobreseídos pero quedan gravemente afectados en su salud emocional, psicológica y física, traumatizados por la vulneración a sus derechos. Por lo demás, pierden sus plantas y materia prima por lo que se ven obligados a interrumpir sus tratamientos médicos, con las consecuencias que ello trae en el tratamiento de sus patologías.
Ante este escenario, urge avanzar con la tramitación de la Ley Cultivo Seguro, renombrada como, la cual modifica el Código Sanitario, aprobada con el 88% de los votos de la Cámara de Diputadas y Diputados, y hoy duerme en la Comisión de Salud del Senado. Su promulgación protegería a quienes cultivan cannabis con fines medicinales, acabando con la persecución, pues permite que con una prescripción médica no se incauten las plantas en una primera instancia ni los pacientes sean detenidos. Fundación Daya inició también una petición pública que ya supera las 6.900 firmas.
Este viernes 16 de abril, a las 21:00 horas, Fundación Daya prepara un nuevo conversatorio, esta vez con abogadas y abogados postulantes a la Convención Constituyente: «Cannabis, Salud y DDHH en la Nueva Constitución». Con Manuela Royo, Rafael Harvey, María Belén Rojas, Claudio Faúndez, Nicolás Romero y Camila Musante.
Modera Paulina Bobadilla junto a Ana María Gazmuri.