Nuestra fundadora y actual Diputada, Ana María Gazmuri (Acción Humanista), en conjunto con el Diputado Tomás Hirsch (AH), la Diputada Karol Cariola (PC), Diputada Marisela Santibáñez (PC), Diputado Boris Barrera (PC), Diputada Marcela Riquelme (CS), Diputada Daniela Ciccardini (PS), Diputada Catalina Pérez (RD), Diputado Jorge Brito (RD), Diputado Raúl Soto (PPD), Diputada Carolina Marzan (PPD), Diputado Tomás Lagomarsino (PR), Diputada Claudia Mix (COM), Diputado Enrique Lee (PRI), Diputado Ruben Oyarzo (PDG) y parlamentarias y parlamentarios integrantes de diversos comités, presentarán la Bancada Transversal Regulación por La Paz.
SITUACIÓN GENERAL EN CHILE
📌Fracaso del modelo actual (prohibicionista, represivo, criminalizador):
No ha cumplido con sus objetivos centrales y básicos declarados:
🔸Proteger la salud de la población
🔸Controlar y disminuir la oferta y producción
🔸Controlar y disminuir consumo
🔸Disminuir delincuencia asociada (Narcotráfico)
HOY:
🔸Más tráfico, más producción, igual o mayor consumo
🔸Mayor poder de fuego del crimen organizado
🔸Salud en Mayor riesgo: desinformación, criminalización y vulneración de DDHH
📌Los Chilenos gastan 1 millón de dólares diarios solo en pasta base, cocaína y marihuana (Francisco Cumsille y Álvaro Briones; Emol 2021).
📌Esto implica USD 365 MM anuales, un 23% del presupuesto total de carabineros (USD 1.500 MM). El presupuesto anual del SENDA es de USD 100 MM.
📌A este gasto se agrega el gasto del Estado en la persecución con las policías, las fiscalías, los magistrados y el sistema penitenciario (F.Cumsille y A.Briones; Emol 2021).
Te invitamos a leer la declaración a continuación:
LANZAMIENTO BANCADA TRANSVERSAL REGULACIÓN POR LA PAZ
Hoy enfrentamos, como nunca antes, una gravísima escalada del crimen organizado, viéndose nuestros territorios “tomados” por bandas de narcotraficantes que corrompen estamentos públicos y capturan a NNA para hacerlos sus soldados. El poder de fuego de los traficantes se ve alimentado con nada más y nada menos que un millón de dólares diarios que gastan los usuarios de las tres sustancias de mayor prevalencia de consumo en Chile. El 80% corresponde a cannabis. (Francisco Cumsille y Álvaro Briones; Emol 2021)
Por otra parte, la persecución policial y de Fiscalía Nacional se ha concentrado particularmente en usuarias y usuarios de cannabis; casi el 70 % de las detenciones por ley 20.000 corresponden a faltas de porte, consumo y cultivo para uso personal, y no a los delitos de tráfico y microtráfico. Esto implica una inmensa desviación de recursos públicos, que deben con urgencia reorientarse a perseguir al crimen organizado.
Por lo tanto, como parlamentarias y parlamentarios nos ponemos firmes para legislar una nueva Ley de Drogas que no persiga los usos personales ni sus actos preparatorios. Mediante la despenalización efectiva del autocultivo, queremos alejar a los consumidores de cannabis de las redes del Narco y evitar el contacto con otras drogas. Quienes cultivan cannabis para su uso personal, no son delincuentes.
Debemos diferenciar el uso responsable del consumo problemático de sustancias, lícitas e ilícitas. Este último es un problema de salud pública, y atendiendo los derechos básicos de las personas, urge facilitar el acceso a prestaciones de salud y rehabilitación para aquellas personas que realmente lo necesitan, incluyendo enfoque de reducción de riesgos y daños.
Debemos también reducir el espacio del mercado informal de cannabis o Narcotráfico. Basándonos en la experiencia internacional, reformularemos la ley 20.000 para que el consumo recreacional del cannabis sea legal para mayores de edad. La única manera de quitarle el espacio al mercado informal es la regulación de un mercado formal con estricto control estatal.
Los estados que han cambiado de enfoque en sus políticas de drogas, partiendo por la regulación del cannabis, han tenido el coraje de reconocer el fracaso de la prohibición; en contra de los objetivos propuestos, la evidencia muestra que el resultado fue más tráfico, más producción, igual o mayor consumo, mayor poder de fuego del crimen organizado, salud en mayor riesgo, desinformación, criminalización y vulneración de DDHH.
Hoy nos urge construir en conjunto, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, e incluso el Poder Judicial, además de la sociedad civil, una REGULACIÓN POR LA PAZ que convoque a un gran diálogo nacional e incorpore todas las voces, organizaciones sociales, academia, cultivos colectivos, emprendedores, pacientes y comunidades, para avanzar hacia una Regulación Integral del Cannabis que se ajuste a nuestra idiosincrasia y se aleje de toda posición punitivista. Paz para nuestros barrios, paz para pacientes y sus cuidadoras o cuidadores, paz para la inmensa y diversa comunidad usuaria.
Lo que hoy proponemos a Chile desde este Congreso Nacional, es una hoja de ruta que nos permita salir de la grave crisis de seguridad y crimen organizado vinculado al Narcotráfico. El primer paso obligado para ello, es cesar, desde ya, con la injustificada amenaza de criminalización que pesa sobre una comunidad de casi 5 millones de personas en nuestro país.
¡Contra el Narcotráfico, cultivemos nuestros derechos!