Mientras la Directora Ejecutiva de Fundación Daya exponía en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados las preocupaciones por las graves consecuencias que la reforma a la Ley 20.000 podría traer a usuarios personales que cultivan cannabis, su hija Camila Téllez, también miembro de Fundación Daya, fue allanada y detenida por Carabineros de Peñalolén. La Comisión de Constitución anunció que oficiará a las Policías para que aclaren esta detención.
Santiago, lunes 7 septiembre 2020. Durante la mañana del jueves 3 de septiembre, la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, junto a la Presidenta de Mamá Cultiva, Paulina Bobadilla, y la Directora de Investigación de Daya, Phd Nicole Halcartegaray, expusieron en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la discusión de la reforma a la Ley 20.000, para presentar su preocupación por las graves consecuencias que la llamada Ley Anti Narcos podría traer a usuarios personales que cultivan cannabis, entre ellos miles de pacientes.
En paralelo a esta intervención, sesión transmitida en vivo por la Cámara, la hija de la activista y fundadora de Daya, Camila Téllez Gazmuri (36), fue allanada y detenida por la SIP de Carabineros en un confuso procedimiento, para el cual no existía orden alguna de Fiscalía. Los funcionarios amenazaron a Camila con volver con orden del fiscal, ya no “por la buena”, si no “rompiendo paredes y dando vuelta todo”, de no firmar una autorización de ingreso voluntaria. La amenazaron también con sacarla esposada delante de sus hijos, si no accedía. También le dicen que si firma, solo entrarán a corroborar si tiene las plantas que dice, y que no será revisado su domicilio, a no ser que encuentren armas u otras drogas. Frente a esto, Camila decide firmar la autorización, y mostrar sus plantas, plenamente consciente de no estar cometiendo delito alguno. Camila los condujo hacia el patio de la casa, donde tenía sus cinco pequeñas plantas de 35 centímetros, destinadas a tratamiento médico, debidamente justificado con receta médica. Tras ello, fue detenida y su casa revisada, entrando incluso a la pieza de su hijo de 11 años, quien estaba en clases vía zoom.
Tras varias horas en la Comisaría de Peñalolén, pudo reencontrarse con su familia. “Estamos bien y en calma. Agradecemos las inmensas y transversales muestras de apoyo. Seguiremos adelante con la compañía de la Defensoría Penal Pública (DPP), particularmente con la abogada Marcela Araya, para demostrar la total legitimidad del acto de cultivar cannabis para fines medicinales en nuestro país”, dice Ana María Gazmuri.
Valoramos especialmente la columna del ex vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, publicada hoy en “En Estrado”, medio especializado en noticias de actualidad jurídica, llamada “Estado de Derecho y cultivo medicinal de Cannabis”. Citamos parte de dicha columna del ex magistrado Cisternas:
“Quien tiene unas pocas plantas, un auto cultivo, para su consumo personal y próximo en el tiempo, con receta médica incluida, está amparado por la norma, pues no se trata de tráfico, que es el motivo de prohibición de la ley, ni se atenta contra salud pública, que es el bien jurídico protegido por ella. Buena parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido clara en esta precisión, incluso en favor de grupos terapéuticos que cultivan marihuana para uso interno medicinal”.
“Agreguemos que, por el contexto legal y por sentido de realidad, no es aplicable a estos cultivos la autorización del SAG, que sólo la considera para cultivos industriales. La excusa policial en el sentido que las cinco pequeñas plantas encontradas necesitaban de ese trámite es equivocada”.
Recordemos entonces que en Chile cultivar cannabis para uso personal, incluido el medicinal, es lícito. Y desde Daya hemos denunciado el recrudecimiento de la criminalización de usuarios medicinales de Cannabis durante el contexto de Pandemia, en lo que va del año, los allanamientos superan la suma de los años 2019 y 2018.
Luego de la abrupta salida de Gazmuri de la sesión, donde también intervino el Director Nacional de SENDA, Carlos Charme, el Diputado Hugo Gutiérrez solicitó a la Comisión oficiar a las Policías para que den cuenta de esta detención. Petición que fue aceptada. Cabe señalar que el Ministerio Público aclaró mediante sus redes sociales no tener relación con este caso ni haber indicado investigación ni detención alguna. ¿Quién entonces estaba detrás de las órdenes que recibía el personal de la SIP, sino era Fiscalía? Es parte de lo que se buscará esclarecer.
“Es un hecho conocido que esta comisión estaba tratando la modificación a la Ley 20.000, dónde está invitada Fundación Daya, no me deja de parecer sospechoso que justo allanen la casa de la hija de una invitada a la comisión que venía a plantear el tema del autocultivo y seguir insistiendo como lo han hecho insistentemente y de manera correcta con respecto a las deficiencias que le ven a esta modificación que se está presentando. Creo que se debe oficiar a las policías que detuvieron a la hija porque me parece sumamente sospechoso, de verdad que me parece curiosa esta causalidad, y todos sabemos en política y en estos temas, las causalidades pocas veces existen. Entonces, es una forma de amedrentamiento en contra de lo que está sosteniendo una importante sostenedora del autocultivo en nuestro país”, dijo el diputado Hugo Gutiérrez.
Agradecemos el inmenso y transversal apoyo de personalidades, organizaciones y asociaciones políticas y sociales tanto de Chile como del extranjero. Entre ellas, una carta firmada por decenas de comunidades médicas y profesionales de Argentina que luchan por el cannabis medicinal.
La participación de Fundación Daya y Mamá Cultiva en la Comisión
Invitadas por el Presidente de la Comisión, Diputado Matías Walker, para dar a conocer su parecer respecto del proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social”, (boletín N° 13.588-07), las organizaciones plantearon dos grandes preocupaciones:
Las modificaciones propuestas podría perjudicar a los usuarios medicinales y personales de Cannabis, pues pretende incautar bienes mientras dure la investigación, sólo por estar acusados de tráfico, que lamentablemente es el caso de pacientes injustamente acusados de este delito y que luego han sido absueltos, pero han perdido sus plantas y vivido un proceso arbitrario.
Además, busca entregar más facultades a Carabineros para almacenar y destruir lo incautado. Es de público conocimiento que Carabineros es una policía que hoy sufre una profunda crisis de legitimidad.
Busca eliminar el concepto de calidad y pureza de la droga, reemplázandolo por cantidad y dosis. Si ya hoy existen graves problemas en los proceso judiciales de usuarios de cannabis por las errada ponderación que se realiza sobre el material incautado, considerando peso antes de secar, maceteros, tierra, hojas y ramas, y no solo las sumidades floridas donde realmente se encuentra la sustancia controlada, con el nuevo criterio será imposible corregir dicho error de ponderación, generando la falsa percepción de poseer mayor cantidad que la necesaria para realizar el tratamiento prescrito por el médico tratante, o la razonable para un consumo personal anual.
“Es una decepción este proyecto del Gobierno pues no regula el gran narcotráfico sino que el microtráfico y ataca al consumidor personal de cannabis lo que es una estupidez”, dijo el diputado Leonardo Soto.
Estamos en conversaciones con parlamentarios, alertando de esta situación, estudiando la posibilidad de incluir en este controvertido proyecto de ley una indicación que garantice la protección de los pacientes que usan cannabis, considerando que la Ley Cultivo Seguro sigue detenida en la Comisión de Salud del Senado. A pesar de aquello, la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, ha escrito a la presidenta de dicha comisión, la senadora Carolina Goic, planteando la necesidad que ve ella misma y la Mesa de Género y Covid-19, de agilizar este proyecto de ley, para mejor proteger el derecho de tantas familias chilenas.
Los diputados apoyaron el llamado a poner en tabla el proyecto de Ley Cultivo Seguro. El diputado Gabriel Boric, dijo que conversará con la Senadora Goic para que se discuta el proyecto, “lo que no se puede hacer es prohibir o limitar el debate”.
Hugo Gutiérrez, quien votó a favor de la Ley Cultivo Seguro, también llamó a abrir el debate democrático y que se vote la normativa. Apoya también el uso recreativo pues se trata de libertades individuales. “Este proyecto es beneficioso para el país, podría dar solución a muchos problemas, a las personas que son perseguidas, no más políticas represivas es la respuesta correcta que debe dar el Estado de Chile”.
Pamela Jiles, dijo estar en contra del consumo de drogas pero que le parece obvio que hay que escuchar las demandas de los usuarios medicinales.
“No puedo comparar a un narcotraficante con una madre desesperada que está buscando una solución para el dolor y la desesperación. No son drogadictos ni delincuentes. No corresponde, mejoremos este proyecto de ley”, comentó el parlamentario Marcos Ilabaca.