Aun en tiempos de pandemia, la absurda persecución de los usuarios medicinales de cannabis continúa en nuestro país. Esto a pesar de que la justicia ha dado señales claras de que el autocultivo en Chile es legal y que la mera tenencia de plantas no permite suponer tráfico. En esto último se basa el caso de Carlos Lamperein (60), de Independencia, Región Metropolitana, quien fue injustamente detenido por mantener una planta en su patio, destinada a tratar a su mujer con cáncer. Oportunas gestiones de Fundación Daya, Defensoría Penal Pública y Fiscalía lograron su pronta liberación.
Santiago, 14 de abril 2020.- Era una mañana tranquila en la comuna de Independencia. El día anterior las autoridades habían bajado la cuarentena obligatoria decretada por Coronavirus. La familia Lamperein Contreras hacía sus actividades de mediodía, cuando un piquete de Carabineros golpeó la puerta, entró sin portar ninguna orden, redujo a Carlos, de 60 años de edad, por una sola planta de cannabis, de un metro de altura, que cultivaba en su patio, para tratar las consecuencias de un cáncer mamario y una depresión crónica que afecta a su mujer, Elizabeth, de 67 años. “Delito flagrante”, dijeron.
La señora Elizabeth es jubilada de Gendarmería y fue destacada en la prensa de la época como la primera guardia femenina del Palacio de Tribunales. Hoy vive prácticamente postrada por las cirugías, quimioterapias y secuelas del cáncer mamario en estadio IV que la afecta. Hace años que su esposo -quien sufre de poliomielitis-, cultiva cannabis con fines medicinales, siendo ésta la primera vez que sufren una detención.
La hija del matrimonio, Nicole, de 32 años de edad, quien vive en la casa junto a su hijo, hermana y sobrino, conversó con Fundación Daya sobre la arbitraria detención de su papá, el viernes 3 de abril, por funcionarios de la Tenencia Juan Antonio Ríos, Novena Comisaría, tras una denuncia anónima de los vecinos.
¿Cómo fue la detención de tu papá?
Llegaron tres radiopatrullas frente a la casa, unos siete carabineros. Entraron con mucha prepotencia, nadie les dio permiso para entrar; fueron directo al patio donde estaba la planta y dijeron: ‘esto es posesión de marihuana, es un delito flagrante’. Revisaron la casa pensando que teníamos indoors. Mi papá les dijo ‘es sólo una planta, no somos delincuentes, mi esposa es gendarme’, pero no entraron en razón. Se burlaron, no quisieron ver los papeles médicos que acreditan las enfermedades de mi mamá, esposaron a mi papá violentamente. Él tiene problemas para caminar, no opuso resistencia, lo trataron con un lenguaje vulgar. Se lo llevaron y no me dijeron ni siquiera dónde lo llevaban.
Lo redujeron al frente de mi hijo y mi sobrino pequeños. Mientras mi mamá estaba en cama, muy drogada con tanto fármaco, no pudo hacer nada, se levantó y sólo atinó a decir “qué están haciendo, miren yo no tengo mi mama, soy usuaria medicinal, soy gendarme, conozco mis derechos”. No hubo caso, lo sacaron esposado y con la planta, salieron todos los vecinos a mirar, yo salí a la calle llorando tras de ellos para que no se lo llevaran. Fue horrible.
Fue tanta impotencia. En la desesperación pensé que lo único que podía hacer era llamar a la Fundación Daya, a pesar de que no somos pacientes, nos ayudaron mucho. Gracias a su ayuda, liberaron a mi papá. Estuvo cinco horas detenido y finalmente entendieron, con certificados médicos en mano, que no era un delincuente ni un traficante. Perdimos la planta y vulneraron nuestra dignidad.
¿Cómo iniciaron el tratamiento con cannabis medicinal?
Mi papá empezó a tratar a mi mamá con cannabis porque no quería comer, empezó a mejorar su apetito y a subirle el ánimo de la depresión que sufre desde que estuvo en Gendarmería. Ahí vio muchas cosas.
Los medicamentos que le han dado a mi mamá, también le han hecho daño físicamente. Hay días en que no se puede levantar de la cama. Su médico tratante, del Instituto Nacional del Cáncer, no quiso recetarle cannabis. Ella se lo pidió expresamente, le contestó “No señora, no le puedo recetar eso porque no es parte de nuestro tratamiento”. Eso, a pesar de constatar el beneficio que su uso le reportaba. Así que se tuvo que arriesgar a usar cannabis sin receta.
Y le hizo bien, le ayudó a poder vivir, marcó una diferencia. No podía comer, y empezar a alimentarse fue seguir viviendo.
Coronavirus
Nicole está preocupada por el riesgo de contagio de esta enfermedad mortal que sufrió su padre al ser detenido. Estuvo en un centro de salud para constatar lesiones y en la comisaría, sin ningún tipo de protección y en contacto con otras personas. Él y su mamá están en el nivel más alto de riesgo, por sus edades, sus enfermedades de base y la inmunodepresión de Elizabeth. Estaban siguiendo sagradamente la cuarentena y las medidas de prevención, y ahora sólo esperan que su papá no esté contagiado y no haya infectado a nadie en la familia. Con la pandemia, además están todos sin trabajo. Nuestra Fundación Daya los acogerá como pacientes sociales para atención médica gratuita y capacitaciones de cultivo y preparaciones de cannabis medicinal.
“Ojalá a nadie le pase esto, que ninguna otra familia sufra esta persecución policial sólo por usar cannabis para aliviar las patologías de nuestros seres queridos. No era para tanto abuso, para que entraran con tanta violencia y prepotencia, nos humillaron”, finaliza Nicole.
Desde Daya insistimos en la necesidad de capacitar a las policías y fiscales en torno al uso medicinal del cannabis y su legalidad, para así terminar con la injusta criminalización de los usuarios, así como con el absurdo derroche de recursos públicos que implican tanto los procedimientos policiales como los largos procesos judiciales. Reiteramos que el cultivo para consumo personal de cannabis (incluyendo el uso medicinal) está despenalizado desde el año 2015.