- La Clínica Jurídica de Fundación Daya junto a la Defensoría Penal Pública logran un nuevo triunfo ante el Ministerio Público, tras la vejatoria persecución que vivió Rosa Salazar, paciente de Daya Chillán.
- Sostén de su hogar, Rosita (56) cultivaba con receta para ella y su hija (34) con discapacidad. Tras un allanamiento violento y vejatorio, la Fiscalía inició un proceso judicial donde llegó a pedir 3 años y 1 día para esta madre.
Jueves 31 de agosto de 2022. En la última mañana de agosto, Rosa Salazar y su hija Camila se abrazan y sonríen de felicidad. Por fin concluye un largo proceso judicial que criminalizó a una querida vecina de Chillán tan solo por ser usuaria medicinal de cannabis y cultivar para su medicina. Para la Fiscalía no importaron razones o pruebas, como que Rosita -como todos la conocen- y su hija tuvieran sus controles y recetas al día. Todo fue válido para una causa donde incluso llegaron a pedir varios años de cárcel para esta madre y única cuidadora de Camila, quien tiene dependencia total y necesita acompañamiento continuo.
Al respecto, Rosita señala que “el proceso fue largo y muy injusto, con la petición muy exagerada de 4 años de cárcel y 100 UTM que hacía la Fiscalía; se veía muy difícil todo porque era la PDI de Chillán en contra mía y de mi hija, que es discapacitada. Fue un juicio largo y triste, con actos irregulares que nos vejaron como familia. Tuve que estar acompañada por psicólogo, mi hija no podía estar con las cortinas abiertas por temor, no quería salir de la casa; fue muy difícil lo vivido y lo peor es que me quitaron mi medicina y el kit de cultivo indoor que con mucho esfuerzo había logrado adquirir”.
Ya en 2021 las vulneraciones en el debido proceso de Rosa Salazar llevaron a la Clínica Psico Socio Jurídica de Fundación Daya, creada por la actual diputada y ex directora ejecutiva de la organización, a denunciar ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), institución que presentó una querella criminal por el delito consumado de vejación injusta o abusos contra particulares, por el caso de extrema vulneración de derechos de esta mujer y su hija discapacitada, por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones en un violento allanamiento y detención por cultivar cannabis.
Rosita es conocida en la zona porque desde hace años vende frutos secos en un carrito afuera de un supermercado del centro de Chillán, siempre acompañada de su hija, con discapacidad total debido a una asfixia en el parto. La joven también es paciente de Daya Chillán y usa aceite de cannabis para la epilepsia que sufre.
Para la fundadora de Fundación Daya, la diputada Ana María Gazmuri, quien fue testigo de la defensa de la señora Rosa, tal como ocurre en todos los casos de pacientes tanto de Daya como de otros centros de salud, el fallo obtenido “nos vuelve a demostrar que estamos en lo correcto, que un paciente que cultiva para su uso personal o familiar, no está cometiendo ningún delito. Así lo señala la propia ley 20.000. Pero esta ley orientada a perseguir el tráfico. Lo importante ahora es avanzar hacia una Regulación Integral del Cannabis clara, construida con la participación de todas y todos, a la altura de los tiempos. No se puede seguir “regalando” el mercado del Cannabis al crimen organizado, por un lado, ni seguir persiguiendo y vulnerando los derechos de millones de chilenas y chilenos que cultivan y usan Cannabis. El Estado no puede seguir haciendo la guerra a la ciudadanía. Hoy mi alegría por Rosita y su hija Camila es inmensa. Pero no me olvido que hoy hay aún muchas personas presas por plantar, como el fundador de Dispensario Nacional, Luis Quintanilla”.
Rosita y su hija Camila sonríen felices tras conocer el veredicto absolutorio.
Desde la Defensoría Penal Pública, con quienes Fundación Daya firmó hace unos meses un convenio de colaboración que formaliza el trabajo conjunto que realizan ambas instituciones desde hace años por la defensa de las y los usuarios medicinales de cannabis en Chile, explican, a través del Defensor Penal Público, abogado Maximiliano González, quien tuvo a cargo la defensa de Rosita, que “el TOP de Chillán dictó veredicto absolutorio en el caso de doña Rosa, acusada por la Fiscalía por cultivar 8 plantas de cannabis en su domicilio, estimando que el cultivo de estas plantas obedecía al uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, razón por la cual dicta la absolución de la acusada. Durante todo el juicio oral nosotros sostuvimos como defensa que el cultivo obedecía a un tratamiento de carácter médico, tanto de la acusada como de su hija, ambos prescritos por profesionales de la Salud de Fundación Daya, quien suministró parte de los medios de prueba reunidos y exhibidos en este juicio oral”.
Por su parte, el abogado y director jurídico de Fundación Daya, Hernán Bocaz, explica que “este es un nuevo caso colaborativo entre nuestra Clínica Psico Socio Jurídica y la Defensoría Penal Pública, en el que desde la defensa se planteó siempre el uso medicinal, tanto de la Sra. Rosa como de su hija, ambas con prescripción médica; por lo que desde un comienzo se sostuvo la tesis de inocencia de la acusada en relación a que no estaba cometiendo el delito que se le imputó por el artículo 8 de la Ley 20.000, de cultivo sin autorización, siendo absuelta por unanimidad. Este es un nuevo caso donde los Tribunales nuevamente señalan que una persona que usa cannabis para un tratamiento médico o esos fines no está cometiendo un delito”.
Silvia Hernández, coordinadora de Daya Chillán, señala que se realizó un acompañamiento integral a Rosita y su hija durante todo el proceso judicial, “apoyándolas tanto desde el área médica como psicológica, reuniendo sus certificados e informes médicos, además de los antecedentes que sirvieran de prueba para demostrar su inocencia”. Explica que hoy ambas usuarias medicinales adquieren su aceites mediante Recetario Magistral, a la espera de entrar al programa de cannabis medicinal municipal que se implementará en la comuna de Chillán y que permitirá a Rosita reducir los costos asociados a su tratamiento y el de Camila”.