Sras. / Sres. Diputadas y Diputados Cámara de Diputados y Diputadas República de Chile
Presente
Como es de su conocimiento, desde mediados del año pasado veníamos participando en la discusión de la modificación a la ley 20.000 propuesta por el ejecutivo, conocida como “Ley Antinarcos”.
Desde la sociedad civil, Fundación Daya, Mamá Cultiva, Fundación Eutopía y Fundación Chile 21, con el apoyo de distintas organizaciones y expert@s (como Asociación Pensamiento Penal, Defensoría Cannábica, entre otras), realizamos tres exposiciones ante la Comisión de Constitución de la Cámara. En ellas demostramos, basados en información pública y oficial, que uno de los problemas estructurales de la actual ley 20.000 de drogas, que ha dificultado de manera directa e indirecta la persecución más eficiente y efectiva de delitos de tráficos y otros asociados, es que ésta no establece criterios claros que permitan distinguir prácticas asociadas al uso personal, medicinal o recreacional y al cultivo de cannabis para dichos fines, que son reconocidas como legales por la mencionada ley, de conductas verdaderamente delictivas.
Muy por el contrario, las OSC que participamos en la discusión demostramos en base a datos oficiales, entre otras cosas, que cada vez que distintos gobiernos han intentando endurecer la persecución criminal contra delitos asociados a drogas, las primeras víctimas de las mismas, han sido las personas usuarias, principalmente, de cannabis.
En relación a la presente propuesta presentada por el Ejecutivo, las OSC dejamos en claro que:
- La actual propuesta del ejecutivo NO aumentará la eficiencia en la persecución del narcotráfico
- Que, por el contrario, una vez más, aumentará la criminalización, represión y estigmatización de las personas usuarias principalmente de cannabis, y muy especialmente a las mujeres y jóvenes de sectores populares.
- Que lo que Chile necesita es una reforma profunda a su política de drogas en general, y muy urgentemente una Nueva Regulación Integral para el cannabis.
En base a este trabajo y a través de distintos diputados y diputadas, se presentaron diversas indicaciones que apuntaban, entre otras materias, a tratar establecer los criterios antes mencionados, incluida una tabla cuantitativa para determinar cantidades y circunstancias para el porte, tenencia y cultivo de cannabis tanto para personas usuarias medicinales como no medicinales.
Sin embargo, dada la premura de la discusión determinada por la “suma urgencia” que le impuso el Ejecutivo, y a pesar de lo contundente de la evidencia presentada, el oficialismo junto con la diputada de oposición Pamela Jiles, asumieron como estrategia votar la “inadmisibilidad” de nuestros planteamientos impidiendo cualquier posibilidad de debate, por supuestamente no relacionarse con los temas en cuestión, en circunstancias que estas son fundamentales si lo que se quiere es enfrentar de manera más eficaz y eficiente la delincuencia asociada al tráfico de drogas. Solo se declaró admisible y aprobó la indicación que protege a los usuarios medicinales, idéntica a la indicación contenida en la Ley Cultivo Seguro, y aprobada en la Cámara Baja con 88% de los votos.
Es así como, salvo los primeros meses de debate en los que efectivamente pudimos exponer, de octubre en adelante asistimos en calidad de “oyentes” a la mencionada comisión. Nuestro malestar no tiene que ver con una cuestión formal, sino de fondo en relación al apuro, superficialidad y no pocas dosis de populismo penal con que se discutió el proyecto perdiendo así la posibilidad de realizar reformas que efectivamente apuntaran a fortalecer las capacidades de persecución penal sobre los delitos de tráfico, al mismo tiempo que se garantizaban y resguardaban los derechos de las personas usuarias, principalmente, de cannabis.
Siendo así, hacemos un llamado urgente a las parlamentarias y los parlamentarios de Chile, para a rechazar la idea de legislar sobre el proyecto presentado por el ejecutivo conocido como “Ley Antinarcos”, pues en las actuales condiciones y de llegar a ser ley, como ya dijimos, la persecución del tráfico NO será más efectiva y, por el contrario, seguiremos condenando a millones de personas a la indefensión jurídica por el solo hecho de ser usuarias de sustancias, especialmente cannabis, acto considerado lícito por la actual legislación. Recordamos también que la Defensoría Penal Pública ha señalado fuertes reparos a este proyecto de ley, tanto por fallas de constitucionalidad, y plantea en su informe que “el proyecto, lejos de dar parámetros objetivos, hace más difusa la diferencia entre microtráfico y consumo, especialmente en los casos de mera posesión”.
Esperamos que prime la sensatez y el irrestricto respeto de los derechos humanos, tantas veces atropellados en nombre del combate al narcotráfico.
Sin otro particular, nos despedimos atentamente
Ana María Gazmuri, Directora Fundación Daya
Claudio Venegas, Director Fundación Eutopía
Paulina Bobadilla, Directora Fundación Mamá Cultiva
Eduardo Vergara, Director Fundación Chile 21
Martes 16 de marzo 2021.