- Tras dos años de proceso y vivir incluso una medida cautelar de prisión preventiva, Sebastián Henríquez, psicólogo y paciente de Fundación Daya, fue sobreseído de los cargos en su contra.
- El trabajo colaborativo entre la Clínica Jurídica de Fundación Daya y la Defensoría Penal Pública nuevamente logra brindar justicia a usuarias y usuarios medicinales, injustamente perseguidos.
Jueves 8 de septiembre de 2022. Tras más de un año y medio de proceso judicial, luego de ser allanado, sus plantas incautadas y formalizado, hoy fue sobreseído de todos los cargos en su contra Sebastián Henríquez. El joven psicólogo y educador que llegó al cannabis buscando alivio a un doloroso glaucoma, además de una lumbalgia crónica, vio trastocada su vida cuando la Policía de Investigaciones golpeó su puerta, tras una denuncia anónima. Su detención y posterior prisión preventiva ocurrió en el contexto de la intensificación de la criminalización de las usuarias y usuarios de cannabis en el gobierno anterior. Esta situación generó una verdadera crisis de derechos humanos en una comunidad que, hoy se calcula, alcanza los 5 millones de personas.
“Estuve 17 días encerrado en el infierno porque a un juez se le ocurrió que yo era un peligro para la sociedad. Me mantenían sin salir de la celda durante 23 horas al día, sin baño ni agua, usaba una cubeta, sin luz, compartiendo celda con dos hombres más”, contó Sebastián en el conversatorio “Usuarios Medicinales de Cannabis Privados de Libertad, Víctimas del Estado a la espera de Justicia y Reparación” organizado por Fundación Daya en 2021 para abordar la situación de los pacientes que cultivan su medicina en Chile.
Cabe destacar que Henríquez sólo fue liberado por un fallo de la Corte Suprema que revocó la medida cautelar y la cambió por arresto domiciliario nocturno.
La fundadora de Daya y actual diputada, Ana María Gazmuri, quien tras su llegada al Congreso articuló una bancada transversal para impulsar una regulación integral del cannabis, es clara en señalar que “Otra vez logramos que la verdad saliera a la luz, que la sensatez prevalezca: el cultivo personal de cannabis, en este caso medicinal, no es delito en Chile. Pero el daño generado por la absurda persecución del Estado, está lejos de ser reparado con este sobreseimiento. Es por eso que la Regulación Integral del Cannabis que impulsaremos desde la Bancada Transversal Regulación Por La Paz, incluirá medidas de reparación a las víctimas de la ley 20.000”.
Consultado sobre cómo vivió esta persecución por buscar una solución a sus problemas de salud, Sebastián explica que “fue muy difícil, tuve trastornos del sueño, estrés postraumático por la prisión preventiva, fue realmente duro”. Tras una pausa, agrega que el apoyo recibido desde Fundación Daya “significó todo”, desde un lugar donde encontrar refugio y paz a un acompañamiento donde “siempre creyeron en mí”.
Con emoción, tras conocer la sentencia que lo absuelve de “la acusación que lo suponía autor del delito consumado, de cultivo de especies del género cannabis”, Sebastián destaca el rol de nuestra fundadora, la diputada Ana María Gazmuri, “quien me impulsó y apoyó siempre, (…) eso es algo que solo puedo agradecer. Lo mismo con la Defensoría Penal Pública; la abogada Marcela Cameron, con quien pude sostener una conversación fluida sobre el caso, sus detalles y mi defensa”.
Para el director de la Clínica Psico Socio Jurídica de Fundación Daya, el abogado Hernán Bocaz “el caso de Sebastián es el de un joven psicólogo que se vio involucrado en un procedimiento judicial viciado, erróneo, que lo llevó inclusive a estar en prisión preventiva. Él tenía la documentación pertinente para su patología, una cantidad de plantas adecuada a su tratamiento y así el tribunal lo consideró, absolviéndolo de los cargos en su contra”.